​La criminalización de la pobreza

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Con su mayoría de dos tercios, el gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán, del partido Fidesz, ha impuesto una enmienda constitucional que recuerda la legislación nacionalsocialista contra aquellos considerados “extraños a la comunidad” (Gemeinschaftsfremde) y “asociales”. En tal sentido, en el nuevo párrafo 3 del art. 22 de la Constitución se ha declarado prohibida la residencia “habitual” en lugares públicos. Sin embargo, al mismo tiempo el Estado húngaro debe empeñarse en encontrar alojamiento para todos los ciudadanos, especialmente para las personas en situación de calle. En lo que respecta al derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, la nueva normativa constitucional lo ha sometido a una especie de reserva de orden público. Pero ¿cómo puede un Estado prohibir que se viva en lugares públicos si no puede garantizar un alojamiento? Según organizaciones no gubernamentales, Hungría tiene alrededor de 11.200 alojamientos temporales para 30.000 personas en situación de calle.

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EN LETRA DERECHO PENAL es un proyecto académico-editorial de la Asociación Civil Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Jurídicas y Sociales (CEICJUS)